Traducido por Natalia Bird Jové
TRASFONDO
Hay algunas palabras como abogados, impuestos, desarrolladores, privatización, desplazamiento y un sinnúmero de otras, que a menudo generan respuestas negativas en las personas. Muchos de nosotros hemos experimentado o atestiguado resultados no deseables en las manos de, o como resultado de, la relación con estos sujetos. Esta generalización no le hace justicia a cualquier discurso racional. El sustantivo no es el determinante del bien o el mal, son los adjetivos (excelente, horrible, justo, injusto, etc.)
La Privatización es una palabra ambigua, comúnmente usada, que puede significar:
- La transferencia de un negocio o servicio al control y/o propiedad del sector privado;
- Una contratación del gobierno para un negocio o servicio con el sector privado; o
- Una “asociación” del gobierno con el sector privado para operar los activos del gobierno.
Las razones principales y justificables legalmente para que el gobierno involucre al sector privado son:
- Obtener dinero con la venta de activos y/o asegurar fondos de inversión adicionales;
- Liberar al gobierno de un proyecto económico o político que va a pérdida; y
- La falta de experticia del gobierno para correr efectivamente la operación.
La privatización de la ATM se está gestando por todas las razones anteriores.
La concesión de favores a especuladores, compinches y donantes políticos son propósitos comunes que son ilegales.
LA PRIVATIZACIÓN BAJO EL P3
La privatización de un servicio del gobierno no es de por sí buena o mala. Para ser buena es importante que el proceso se estructure para efectivamente lograr las metas de la comunidad. Bien diseñado, un contrato puede facilitar la puesta en vigor del estricto cumplimiento con las necesidades de los clientes, lo cual incluye todo, desde la ejecución operativa hasta las tarifas de los servicios. El ser mala se ilustra con dos de los proyectos actualmente en la fase de subasta bajo el programa P3: la ATM (servicios de ferry) y la operación del muelle de San Juan. Este proceso de privatización, como establecido específicamente por la ley que lo habilita, está profundamente errado y es horrible para Puerto Rico.
El diablo siempre está en los detalles, y el resultado para las partes interesadas es el determinante último del éxito. Pero, ¿cómo puede resultar en algo de satisfacción para la comunidad una legislación del P3 que permite que el proceso de definir las especificaciones de subasta y ejecución sea creado y aprobado sin el conocimiento, ni el insumo de los usuarios, clientes y proveedores de servicio existentes? ¡NO PUEDE! Es sacrificar a nuestra gente; ¡es bazofia!
La ley presume que la perspectiva “superior” de los arquitectos de la trastienda del P3 prevalece sobre las experiencias, opiniones y necesidades de todo el mundo. No se provee ni ofrece ningún mecanismo para educar, discutir, recopilar data significativa o intercambiar ideas con la comunidad. La ignorancia de los oficiales sobre los asuntos, la susceptibilidad al tráfico de influencias y la falta de experiencia sobre las mejores prácticas en la industria se esconden de la vista del público debido a una total falta de transparencia y una pared de protecciones legales diseñadas para ese propósito. Esa arrogancia de la élite de la clase dominante que fuera removida del puesto por las protestas, aún permea en la mentalidad de muchos que permanecen.
La batalla perdida que están librando los Viequenses para mejorar el servicio de la ATM no es una guerra principalmente a favor o en contra de la privatización, sino una súplica a nuestro gobierno para que nos escuche y arregle el deplorable y disfuncional sistema – o que NOS APOYE EN HACERLO NOSOTROS MISMOS. El problema estriba en que las personas a cargo de crearla solución no están cualificadas y no han incluido a las partes interesadas en especificar las necesidades de las comunidades de Vieques y Culebra.
Según reportado en Caribbean Business edición del 1ro de septiembre: “La Privatización del Muelle de San Juan Navega bajo el Radar”, vemos el mismo modus operandi de la organización del P3 en ignorar a las partes interesadas, muchas de las cuales saben mucho mejor qué es lo que se necesita, mucho mejor que los ases financieros que crean esos negocios. Esta ley hace más fácil venderse que vender bien. Esta es la manera en la que operan los regímenes dictatoriales, las monarquías y las democracias corruptas. Merecemos mejor que esto, pero no nos será “dado”, debemos trabajar para ganarlo y eso significa atacar la legalidad de la ley y la integridad de los legisladores. Nuestros esfuerzos pasados han sido inadecuados: ¡No eliminamos toda la podredumbre en el gobierno!